El Mercurio, 8 de noviembre de 2021
Régimen prohibió la movilización al considerarla “ilícita”:
Bajo amenazas, opositores cubanos alistan marcha para pedir “cambio de sistema”
La Fiscalía advirtió al grupo promotor de la protesta que habrá consecuencias si la lleva a cabo el 15 de noviembre, como planea.
María Betania Caldera
El empeoramiento de la situación económica es uno de los factores que alimentan la protesta. France Presse
Las tensiones políticas se elevan en Cuba en vísperas de una marcha de opositores “por el cambio” impulsada por la plataforma Archipiélago para el 15 de noviembre. Declarada “ilegal” por el régimen, quien les vincula a agentes extranjeros con “motivos desestabilizadores”, los promotores están determinados a realizarla. El gobierno ha tratado de repudiar la convocatoria que también ha llamado la atención internacional, y aunque sin garantías de efectuarse en la isla, cuenta con movilizaciones de apoyo ese día en cerca de 70 ciudades del mundo.
La convocatoria a la “Marcha Cívica por el Cambio” se origina en un hecho inédito en Cuba: la solicitud de un permiso oficial para protestar contra el régimen. Los derechos a huelga y manifestación no se contemplan fuera de las instituciones estatales, por lo que esta autorización habría sentado un precedente en un año donde las protestas han tenido mayor repercusión y agrietado la legitimidad del régimen.
El pasado 11 de julio miles de personas salieron a las calles en distintas ciudades de forma espontánea en las mayores protestas contra el régimen en décadas en Cuba, que se saldaron con centenares de detenidos (más de un millar, según activistas) y condenas de cárcel, una respuesta que fue criticada por la comunidad internacional al considerar que se produjeron arrestos arbitrarios y procesos penales sin las garantías legales.
Inicialmente planteada para el 20 de noviembre como una manera de dar continuidad a esas manifestaciones, las autoridades anunciaron la realización de ejercicios militares y de un “Día Nacional de la Defensa” en la misma fecha, por lo que Archipiélago —formado poco después de las protestas de julio para “ser una vía para, sin violencia y en total soberanía, buscar una salida cívica a la crisis”— decidió adelantarla al 15, coincidiendo con la reapertura de la isla al turismo, principal fuente de dólares que el gobierno busca atraer luego de un largo cierre por la pandemia, que agravó la grave crisis económica e inflacionaria del país, una de las principales razones que impulsan el descontento actual ante la escasez de alimentos y medicinas. La marcha busca el cese “de la violencia”, el respeto de “todos los derechos”, “la liberación de los presos políticos” y democracia.
El gobierno contestó negando la autorización al considerarla una “provocación” con “fines desestabilizadores” impulsada por Washington, y la Fiscalía notificó a los organizadores que, de proseguir con la idea, enfrentarían “consecuencias legales” al incurrir en delitos como desobediencia, manifestaciones ilícitas e instigación a delinquir y otros, penados con sanciones económicas y privación de la libertad de tres meses a un año.
El Presidente Miguel Díaz-Canel reforzó el mensaje al destinar parte importante de una reunión del Partido Comunista de Cuba (PCC) a hablar sobre estas marchas y advirtió una respuesta fuerte: “Aquí hay suficientes revolucionarios para enfrentar (…) cualquier tipo de manifestación que pretenda destruir a la Revolución”.
“Considerando la larga historia totalitaria del régimen cubano, es muy difícil que la marcha tenga lugar. Ningún régimen totalitario permite este tipo de protesta, más aún organizada y avisada, y especialmente en momentos de crisis de legitimidad política como el que hoy enfrentan. Al contrario de los eventos de julio, esta marcha fue avisada con tiempo suficiente para alertar a la comunidad internacional y enfocar la atención en Cuba. Esto no tiene precedentes desde 1959”, comenta a “El Mercurio” Sebastián Arcos, director asociado del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida.
Acusaciones
Archipiélago se ampara en los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos establecidos en la Constitución. Pero las autoridades interpretan que un derecho constitucional “no puede ejercerse en contra de los demás derechos, garantías y postulados esenciales de la propia Constitución, lo que determina el carácter ilícito de la marcha” al buscar un “cambio del sistema”, pues la propia Carta Magna define el socialismo como “irrevocable”.
Las autoridades acusaron a los organizadores de tener “vínculos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense”, una imputación frecuente del régimen. Tanto esta convocatoria como el estallido de julio son, a su juicio, parte de las mismas “maniobras desestabilizadoras” de Washington, que niega esa vinculación, pero advirtió a La Habana que podría adoptar nuevas sanciones económicas en su contra en caso de reprimir a los manifestantes.
Yunior García , creador de Archipiélago, fue arrestado en julio y sobre él pesa una medida cautelar. Reuters
Desde la otra vereda, Yunior García, dramaturgo y creador de Archipiélago, cuestiona que el gobierno niegue un derecho consagrado en la Constitución. El artista fue arrestado en julio, sobre él pesa una medida cautelar, y más recientemente ha sido blanco de los “actos de repudio”, en el que se le corta el acceso a internet y seguidores del régimen se instalan a las afueras de su casa a gritar consignas y amenazas, según un video difundido por Archipiélago.
Según la Comisión de Apoyo y Protección a los Manifestantes del 15 de Noviembre, un grupo que se fundó el 24 de octubre a instancias de Archipiélago para “monitorear la represión en la isla”, tan solo entre el 25 al 30 de octubre aumentó la represión contra organizadores y quienes han expresado en redes sociales su intención de participar, con registros de “22 denuncias procedentes de La Habana, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Holguín, Guantánamo y Santa Clara” con 16 métodos de represión de la policía política, entre ellos amedrentamientos, amenazas, persecución, vigilancia en las viviendas y de familiares y reclusión domiciliaria sin causa formada.
“Los organizadores que solicitaron permiso fueron detenidos arbitrariamente por un corto período de tiempo por la seguridad del Estado y recibieron amenazas (...). Imágenes de elementos pro régimen con palos y AK-47 aparecieron en espacios públicos en un acto de intimidación el 24 de octubre y fueron publicadas en Facebook (...). El acoso del régimen se ha intensificado con el cadáver de un pájaro muerto con su sangre y plumas esparcidas por la entrada del apartamento de Yunior García Aguilera en medio de la noche”, comenta a “El Mercurio” John Suárez, director del Center for a Free Cuba, ONG con sede en EE.UU. que promueve una transición democrática en la isla.
En La Habana, los organizadores prevén la participación de unas 5.000 personas en un recorrido desde la avenida del Malecón hasta el Capitolio Nacional. Pero Archipiélago extendió la convocatoria y, según el grupo, en cerca de 70 ciudades del mundo se preparan actividades en apoyo el mismo día. Hasta el momento, indican, hay iniciativas confirmadas en 29 países.
“Los eventos de julio fueron completamente espontáneos e impredecibles, tanto para el régimen como para sus oponentes. Precisamente por estas razones el daño a la legitimidad política y la legendaria capacidad represiva del régimen fue demoledor”, dice Arcos. “Desde entonces, el régimen enfrenta una situación de descontento público y extendido a niveles sin precedentes. No es aventurado predecir que se verán obligados a enfrentar convocatorias como esta de manera creciente y frecuente”.
Evento global
En unas 70 ciudades del mundo se preparan actividades en apoyo de la marcha el 15 de noviembre.
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