CUBABrief distributes today an important analysis of the Administration's decision implementing Title III of the Helms-Burton Law. Havana’s propaganda machine has responded with a blatant lie, claiming that the regime wanted to negotiate compensation but was rebuffed by the U.S.

The facts are irrefutable: the confiscations were due to the whim of FidelCastro, while addressing his followers chanting “Yankees Go Home” at a mass rally in Revolutionary Square.

There was no due process; no payments were offered. The factories and businesses stolen by the regime had operated in Cuba for many years, contributing greatly to the development of a modern and prosperous Cuba.

The disastrous impact of the confiscations from Cuban owners as well as foreigners, which in many cases were carried out by the military is a matter of record. Cuba’s sugar industry, the engine of the island’s progress for over two hundred years, was destroyed. The majority of the sugar mills were owned by Cubans. Today, most sugar mills no longer function and the regime now is forced to importing sugar from France.

When the exodus of Cuban fleeing communism began, would-be air travelers who had —their exit inventories properly completed listing everything including the number of chairs, pots, a radio, an electric fan, forks and spoons, were further abused when the customs agents confiscated their watches, engagement rings, ear rings and anything else of value.

By 1968 Fidel Castro wanted to show the world he was even more of a zealous communist than his co-religionists in Eastern Europe. He completed the task of nationalizing everything in sight, including barbershops, fruit and newspaper stands, Chinese laundries, beauty parlors, neighborhood bars.

Washington’s announcement that victims will have access to American courts is an overdue step in the right direction. It should be viewed in the context of the suffering the Castro regime has inflicted on Cubans and foreigners alike and the destruction of a country so close to the United States.

https://www.elnuevoherald.com/ultimas-noticias/article229753094.html

Americanos cuyas propiedades fueron confiscadas

por Cuba merecen compensación

EMBAJADOR EVERETT E. BRIGGS

EMBAJADOR OTTO J. REICH

27 DE ABRIL DE 2019

Digan lo que digan los críticos, EE.UU. tiene el derecho legal y moral de autorizar la puesta en vigor del Título III de la Ley Helms-Burton, la cual permite a los ciudadanos americanos cuyas propiedades fueron confiscadas sin compensación, demandar a los extranjeros que están lucrando con esas propiedades en Cuba. No se discute el derecho de los extranjeros a invertir en Cuba. Los inversionistas extranjeros que no trafican con propiedad robada no tienen nada que temer por parte de EE.UU.

Los inversionistas del mundo debían aplaudir la decisión tomada por EE.UU. de otorgar recurso legal ante los tribunales americanos, puesto que en Cuba no existe, ni estado de derecho, ni poder judicial independiente capaz de juzgar tales demandas. No es este el único caso en que delitos ocurridos en el extranjero se pueden litigar dentro de EE.UU.

Quienes objetan a esta decisión de la Administración no niegan que están lucrando con propiedad americana robada; en lugar de eso, alegan el falso argumento de que EE.UU. debe, sencillamente, cruzarse de brazos. Hay también otra alternativa para los que trafican con propiedad robada: negociar un arreglo con los dueños legítimos.

Veamos los hechos. Desde 1996, ya los ciudadanos americanos expropiados por La Habana tenían derecho a demandar ante los tribunales de EE.UU a las compañías extranjeras que lucraban con sus propiedades. Hasta ahora, todos los presidentes de EE.UU. han suspendido la aplicación del Título III. Se argumentaba que bloquear el acceso a los tribunales daría tiempo a que las compañías y gobiernos extranjeros presionaran al gobierno cubano para hacer reformas, tales como soltar a los presos políticos y dejar de apoyar el terrorismo internacional, incluso dando refugio a asesinos que figuran entre los prófugos más buscados del FBI.

Esas esperanzas no se hicieron realidad. Por el contrario, los extranjeros siguieron lucrando a partir de propiedades robadas y aprovechándose de la fuerza laboral cautiva del gobierno cubano, quien paga al obrero una mínima parte (como un 8%) de lo que la compañía extranjera le paga al ministerio del gobierno comunista que designa el obrero para cada puesto de trabajo.

Durante los 23 años en que, uno tras otro, los presidentes de EE.UU. suspendían una y otra vez la Ley Helms-Burton, el régimen castrista mantuvo la represión leninista dentro del país y la subversión marxista en el extranjero. Nuestros aliados demócratas no solo se limitaron a no hacer nada por presionar a favor de la libertad de Cuba, sino que obraron en contra. Por ejemplo, la Ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, en términos contradictorios, describió el régimen cubano como “una democracia de partido único”. El Primer Ministro de Canadá, nuestro vecino más cercano y una gran democracia, describió al régimen militar marxista de Cuba como un “aliado”. Es doloroso ver como los líderes de naciones por otra parte morales y democráticas, se ciegan ante la ganancia comercial, hasta el punto de alinearse con los opresores en vez de los oprimidos.

Mientras tanto, el brazo de Cuba ha alcanzado hasta su vecina caribeña, Venezuela, donde el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro es hoy responsable de gran miseria y represión, y de millones de refugiados.

Maduro está siendo apuntalado por lo que Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos, correctamente ha denunciado como el “ejército de ocupación” cubano.

Más de cincuenta naciones del mundo han retirado su reconocimiento al régimen de Maduro. La presencia de asesores militares rusos en Venezuela habría sido inconcebible sin el anterior despliegue militar realizado allí por el General Raúl Castro. De hecho, La Habana ha exportado su represión política y su fracasado sistema económico a una nación que un día tuvo el ingreso per cápita más alto de América Latina.

Las compañías extranjeras que lucran en Cuba a partir de propiedad robada son socios comerciales de un gobierno que no les permite operar sin mantener un interés participativo que garantiza al régimen el control de esas empresas en la isla. Los inversionistas son cómplices del maltrato a los obreros cubanos, a quienes se niegan los más elementales derechos laborales, incluso el derecho a negociar convenios colectivos y a formar sindicatos independientes. Seis décadas después de haber tomado el poder Fidel Castro, los cubanos siguen esperando las elecciones libres y justas que les prometió, y el sueldo promedio es de menos de treinta dólares al mes.

Los aliados de EE.UU. deben reexaminar los hechos y apoyar la decisión tomada por la Administración, la cual refuerza el derecho individual y el derecho de propiedad, ambos indispensables a una democracia.

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El Embajador Everett E. Briggs es ex Embajador a Panamá, Honduras y Portugal, y presidente del Consejo Administrativo de Center for Free Cuba. El Embajador Otto J. Reich es ex Vicesecretario de Estado de EE.UU. y ex Embajador a Venezuela, y actual presidente de Center for Free Cuba. Center es una organización no partidista de derechos humanos y pro democracia.